Via: www.pjud.cl

05/03/2018

HIJITUS DE LA AURORA: 2° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO ORDENA AL FISCO PAGAR INDEMNIZACIÓN POR ACTUAR INJUSTIFICADO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Segundo Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $265.000.000 (doscientos sesenta y cinco millones de pesos) a familia por el actuar infundado del Ministerio Público en investigación por el supuesto delito de abuso sexual de menores en jardín infantil de Vitacura, abierta en contra de dos de sus integrantes.

En el fallo (causa rol 690-2016), la magistrada Inelie Durán Madina acogió la demanda presentada por Juan Manuel Romeo Gómez y Ana María Gómez Gallo (además de padre y hermanos), quienes fueron sindicados sin fundamentos por el Ministerio Público, como autores del delito de abuso sexual de menores en el jardín infantil “Hijitus de la Aurora”, ilícito supuestamente cometidos 2012. Proceso en el que, finalmente, fueron absueltos tras acreditarse la no existencia de los hechos investigados ni, por ende, la participación de los imputados.

“Que, en consecuencia, fluye establecido por la propia sentencia criminal firme analizada -sumada a aquella que sobreseyó definitivamente a doña Ana María Gómez Gallo por no existir los hechos ni la participación por la que se le acusó, que el Ministerio Público obró de manera “infundada” en contra de ésta y de don Juan Manuel Romeo Gómez, lo que cabe entender en su sentido natural y obvio, es decir, carente de fundamento, razón o motivo para afianzar o asegurar algo, de modo que no tiene justificación, menos una racional ni atendible; lo que refrenda el que los propios sentenciadores penales dejaran de manifiesto que no pudieron avistar un motivo para que los casos llevados a juicio no fueran depurados en sede de investigación tras casi dos años de investigación y la purificación de cerca de noventa denuncias de menores supuestamente afectados”, establece el fallo.

La resolución agrega que: “dado lo expuesto, se estima satisfecha la carga de los peticionarios de acreditar el fundamento subjetivo de la imputación de responsabilidad estatal que se esgrime -es decir, el comportamiento injustificadamente erróneo del Ministerio Público-, aunque no se cree innecesario decir que también ha contribuido a asentarla la nula actividad de la demandada, quien no se propuso verter en este juicio civil ningún antecedente que apoyara el hecho positivo contrario, es decir que proporcionare una explicación plausible o alternativa que haya impulsado al persecutor penal durante sus acciones en la fase de investigación, y que hubiere escapado al alcance y los límites de lo llevado a juicio y dirimido con valor de cosa juzgada”.

Por ello, concluye:
I.- Que, se rechaza el incidente de inhabilidad testimonial opuesto por el demandado a fojas 404, con costas.
II.- Que, se acoge parcialmente la demanda indemnizatoria deducida en lo principal de fojas 203, sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar las siguientes indemnizaciones:
a) la suma de $ 25.000.000 (veinticinco millones de pesos) por concepto de daño moral a favor del actor don Pablo Romeo Gómez;
b) la suma de $ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) por concepto de daño moral a favor de la actora doña Romina Romeo Gómez;
c) la cantidad de $ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) a título de daño moral a favor del peticionario don Juan Romeo Palacios;
d) la suma de $ 80.000.000 (ochenta millones de pesos) por concepto de daño moral a favor del demandante don Juan Manuel Romeo Gómez;
e) la suma de $ 80.000.000 (ochenta millones de pesos) a título de daño moral a favor de la demandante doña Ana María Gómez Gallo.
III.- Que, las cantidades fijadas deberán ser pagadas con intereses corrientes para operaciones no reajustables en moneda nacional calculados desde que la presente sentencia definitiva se encuentre firme o ejecutoriada y hasta la época de pago efectivo.
IV.- Que, a fin de asegurar el valor real resarcitorio de las compensaciones a título de daño moral que resultan fijadas en su monto por esta sentencia, serán reajustadas de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al
Consumidor entre la época de notificación de esta sentencia definitiva a la parte demandada y la fecha en que ésta alcance el estado de firme y ejecutoriada”.

Sentencia que fue recurrida ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Ver fallo