A través de su Departamento de Primeras Naciones y de Derechos Humanos, el Colegio Médico manifiesta mediante una declaración pública su preocupación por el deterioro de la salud del machi Celestino Córdova, quien se encuentra nuevamente en huelga de hambre desde fines de mayo, luego que Gendarmería rechazara su solicitud para una salida provisoria por 48 horas de la cárcel de Temuco para renovar su rewe.

El comunero ha recibido indicación de distintos machi que lo han atendido en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial de “renovar su rewe”, como parte de un tratamiento médico, de acuerdo a la cosmovisión mapuche.

El Colegio Médico de Chile A.G. valora y respeta la medicina tradicional de los pueblos originarios y apoya la aplicación del tratamiento indicado, equivalente al que pudiera realizarse para cualquier preso de nuestro país.

Cabe destacar que el Estado de Chile a través del Ministerio de Salud ha validado este tipo de medicina, pues en 1996 dio inicio al Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas en los Servicios de Salud, para ampliar el acceso a la medicina mapuche y mejorar la calidad de la atención, y ha implementado centros de salud mapuche distintas localidades del país.

Asimismo, la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, establece en su artículo 7 que “los prestadores institucionales públicos deberán asegurar el derecho de las personas pertenecientes a los pueblos originarios a recibir una atención de salud con pertinencia cultural”, por lo que este derecho está siendo limitado.

En su declaración pública, la Orden considera que “el incumplimiento de una indicación de tratamiento, ordenada en el contexto de un establecimiento estatal de carácter intercultural, como es el Hospital de Nueva Imperial, va en contra de los avances y esfuerzos que hace años se han realizado en materia de interculturalidad y que han llevado al propio Estado de Chile a construir Hospitales y generar protocolos de manejo que reconocen como propias estas indicaciones”.

Finalmente, se solicita a las autoridades de Gobierno “interceder y garantizar que la privación de libertad no transgreda ni viole el respeto por las prácticas, costumbres e ideario de nuestros pueblos originarios, ni su derecho a la protección de la salud en los términos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico nacional”.

Ver noticia