03/10/2018

En procedimiento abreviado, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Patricio Javier Santos Hernández, dueño y gerente general de la empresa AC Inversions, a la pena única de 5 años de presidio efectivo, como autor del delito reiterado de estafa, mediante la comisión del delito de invasión del giro bancario, y lavado de dinero. Ilícitos perpetrados entre 2012 y 2016, en el territorio jurisdiccional del tribunal.

En el fallo (causa rol 1696-2016), la magistrada Ely Rothfeld Santelices aplicó, además, a Santos Hernández las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena; más el pago de una multa de 30 UTM.

El tribunal dio por acreditado, sobre la base de los antecedentes expuestos en la audiencia, que el condenado Santos Hernández “(…) mediante diversas maniobras de captación de dineros de múltiples víctimas, haciéndoles creer que dichos fondos serían destinados a su inversión en instrumentos del mercado de capitales nacional e internacional mayoritariamente, a objeto de obtener rentabilidades que se aseguraba y pagaba a las víctimas con dineros provenientes de nuevos depositantes y no de aquéllas inversiones, las que en términos globales sólo se hacían en una mínima proporción, sin que pudiera atribuirse a ellas los dividendos pagados. Dicha captación habitual y permanente de fondos del público corresponde exclusivamente a los bancos e instituciones financieras autorizadas para el ejercicio de dichas actividades y no a las empresas mediante las cuales los acusados efectuaron los engaños, obteniendo la disposición patrimonial de los ‘inversionistas’, apropiándose de los dineros”.

“Finalmente, a objeto ocultar o disimular sus ingresos provenientes de los reiterados delitos de estafa descritos, el imputado procedió a constituir sociedades y adquirir múltiples bienes, a nombres propios y ajenos, a sabiendas del origen ilícito de los dineros que obtuvieron, otorgándoles una apariencia de legalidad o legitimidad que impidiera develar su real e ilícita fuente, y les permitiera aprovecharlos y utilizarlos sin temor a controles, todo ello con evidente ánimo de lucro”, agrega.

“Que sin perjuicio de la efectiva concurrencia de las circunstancias modificatorias de responsabilidad invocadas por el Ministerio Público y respecto de las cuales no hubo controversias: colaboración sustancial e irreprochable conducta anterior en virtud de lo dispuesto por los artículos 407 y siguientes del Código Procesal Penal, especialmente el 412 del mismo cuerpo legal, se aplicará la pena única que fue materia de acuerdo entre los intervinientes, la que por lo demás resulta correcta y legalmente determinada atendida la aplicación más beneficiosa del artículo 351 del Código Procesal Penal”, concluye.

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